Desde la Federación Argentina de Municipios (FAM), más de 500 intendentas e intendentes que representamos gobiernos locales de todo el país, solicitamos a las senadoras y los senadores de la Nación que rechacen al proyecto que modifica el régimen de protección de las tierras, contenido en la iniciativa denominada Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
Esa propuesta del gobierno de Javier Milei desmantela una herramienta estratégica para la defensa de la soberanía nacional al eliminar los límites vigentes para la adquisición de tierras por parte de capitales extranjeros, flexibilizar las restricciones sobre zonas de frontera y áreas con recursos estratégicos, y reducir la capacidad del Estado para regular el uso y la administración del territorio.
La tierra no es una mercancía más. Es soberanía, producción, agua, alimentos, energía, minerales estratégicos y futuro. Quien controla la tierra controla los recursos que hacen posible el desarrollo de una Nación.
Por eso advertimos que este proyecto que envía el presidente Milei abre la puerta a un proceso de extranjerización del territorio argentino sin precedentes.
No hablamos solamente de operaciones inmobiliarias: hablamos de la posibilidad de que grandes extensiones del país, donde se encuentran recursos estratégicos para el desarrollo nacional, queden bajo control de intereses extranjeros.
La Argentina posee algunos de los bienes naturales más importantes del planeta: integra el liderazgo mundial en recursos de litio; cuenta con enormes reservas de cobre, oro, plata y uranio; posee la segunda reserva mundial de shale gas, uno de los mayores potenciales de shale oil, una de las mayores reservas de agua dulce y es una potencia agroalimentaria reconocida internacionalmente. Defender la tierra donde se encuentran estos recursos es defender el interés nacional.
Todas las naciones desarrolladas protegen su territorio. Brasil limita la propiedad extranjera de tierras rurales; Perú prohíbe su adquisición en zonas de frontera; Bolivia establece restricciones sobre tierras fiscales; Francia mantiene mecanismos estatales para controlar las operaciones sobre tierras agrícolas. Mientras el mundo protege sus recursos estratégicos, este proyecto pretende eliminar herramientas que resguardan los nuestros.
Desde la FAM creemos que avanzar en este camino implica un riesgo para la integridad territorial y la capacidad soberana del Estado argentino sobre bienes estratégicos. No queremos que en nuestro suelo existan enclaves donde prevalezcan intereses económicos extranjeros por encima del interés nacional. La historia argentina nos enseñó el valor de defender cada porción de nuestro territorio y cada recurso que pertenece a nuestro pueblo.
Preservar el patrimonio territorial no es una decisión circunstancial de un gobierno de turno. Es una obligación permanente del Estado argentino. No es casual que el intento del Poder Ejecutivo de derogar la Ley de Tierras mediante el artículo 154 del DNU 70/2023 haya sido suspendido por la Justicia Federal al declararlo inconstitucional.
Asimismo, advertimos que debilitar los mecanismos de protección sobre la tierra compromete principios consagrados por nuestra Constitución Nacional y por tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, al afectar la obligación del Estado de administrar estratégicamente los recursos naturales en beneficio del conjunto de la sociedad.
Como escribió Manuel Belgrano: «Debemos conseguir el fomento de nuestra industria, el del comercio y navegación y arrancar de las manos del extranjero los medios con que forzadamente nos quita las grandes riquezas en perjuicio general de la Nación». Su pensamiento conserva plena vigencia.
Por todo ello, solicitamos al Honorable Senado de la Nación que rechace este proyecto y preserve una legislación que garantiza la defensa del territorio, de los recursos estratégicos y de la soberanía argentina.
La tierra, el agua y los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino. Defenderlos es defender la Patria.
LA PATRIA NO SE VENDE. LA TIERRA TAMPOCO.
